Fiscalía ordenó explotación pericial de los celulares y tablet de Jorge Glas

El expresidente Rafael Correa aseguró este 14 de abril que la Fiscalía ordenó la explotación pericial de los celulares y tablet de Jorge Glas incautados durante la incursión policial en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente, quien se encuentra recluido en La Roca, cárcel de máxima seguridad.

“Fiscalía ha ordenado explotación pericial de los celulares y tablet de Jorge Glas, pese a que fueron obtenidos ilegalmente”, dijo el exmandatario en su cuenta X. Además, cuestiona la premura para analizar estos dispositivos.

“¿Por qué el apuro? Fácil: buscan crear un nuevo ‘escándalo’ antes de la consulta del 21 de abril”, dijo con relación la Consulta Popular que se desarrollará este 21 de abril pedida por Daniel Noboa sobre temas de seguridad, justicia y empleo.

Por otro lado, se conoció que el juez Julio Inga de la Corte Nacional de Justicia fue el que autorizó que se extraiga la información de los dispositivos de Glas. Con esto, la Fiscalía podrá reconocer, preservar, extraer, analizar y materializar la información contenida en los dispositivos que fueron incautados el pasado 5 de abril.

En su providencia, el magistrado señala que esta diligencia debe ser realizada respetando los artículos 475 y 477 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir, para proceder a la apertura y examen de la correspondencia, se notificará previamente al interesado, y con su concurrencia o no, se leerá la correspondencia o el documento en forma reservada, informando del particular a la víctima y al procesado o su defensor público o privado.

Glas en prisión

El pasado viernes, un tribunal de Ecuador declaró “ilegal” y “arbitraria” la detención de Glas en la Embajada de México, que fue asaltada por la Policía, pero lo mantuvo en prisión al tener todavía pendiente por terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas vigentes emitidas en años pasados.

El tribunal consideró que se violaron los derechos de Glas al no cumplir el Estado ecuatoriano el procedimiento contemplado en la normativa nacional para el allanamiento de misiones diplomáticas.

De esa forma el tribunal denegó la petición del recurso de habeas corpus con el que Glas buscaba que se le anulara su detención y se le entregara a México u a otro país que le dé asilo, conforme se lo había dado el Gobierno mexicano horas antes de su detención al considerarlo un perseguido político.

Glas había salido de la cárcel en 2022 sin terminar de cumplir las condenas pendientes, gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares.

El exvicepresidente fue condenado en 2017 a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos, sobre la financiación irregular del movimiento político correísta, en el que también fue condenado el expresidente Correa.

Glas había conseguido aglutinar las dos penas para cumplir sólo la de ocho años y buscaba el beneficio penitenciario de la ‘prelibertad’ para no tener que regresar a prisión al haber cumplido la mayor parte de la pena, tras haber estado encarcelado cerca de cinco años entre 2017 y 2022, pero este le fue denegado.

No obstante, Glas fue capturado por tener una orden de prisión preventiva dentro del caso de las obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto de 2016 en Manabí, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos), un delito que en el código penal ecuatoriano se castiga con entre 10 y 13 años de prisión.

El tribunal que trató el recurso de habeas corpus no vio responsabilidad en lo actuado por parte del presidente Daniel Noboa ni de la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, y se declaró incompetente para dirimir sobre el asilo que le dio México, país que tras el asalto a su Embajada, suspendió relaciones con Ecuador.

Para el Gobierno ecuatoriano, el asilo brindado a Glas es ilegal y contraviene la Convención de Asilo Diplomático, que indica que no pueden recibir este beneficio las personas procesadas en la justicia ordinaria por delitos comunes.