Asamblea de Ecuador retomará el juicio político contra el expresidente Lasso por presunto peculado

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(CNN Español) — El pleno de la Asamblea de Ecuador fue convocado para este miércoles para retomar el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso por su presunta participación en el delito de peculado dentro del denominado “Caso Encuentro”, vinculado a una supuesta trama de corrupción que la Fiscalía indaga en al menos cuatro empresas públicas.

La investigación incluye supuestos vínculos entre funcionarios, exfuncionarios y particulares en la concesión irregular de cargos y contratos con empresas.

El 23 de noviembre, Lasso entregó el poder a Daniel Noboa, el presidente más joven elegido democráticamente en la historia del país.

El juicio político contra Lasso quedó inconcluso cuando, en mayo pasado, él decretó la llamada “muerte cruzada” en medio de una crisis política que llevó al entonces presidente a disolver la Asamblea y adelantar las elecciones presidenciales y legislativas. Fue la primera vez que se aplicó esta figura constitucional en Ecuador.

La Asamblea informó este lunes que su presidente, Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC), convocó para este miércoles la reinstalación de esta sesión para continuar con el juicio político.

Henry Cucalón, exministro de Gobierno y parte del equipo legal de Guillermo Lasso, dijo a CNN que el expresidente se pronunciará el momento que considere oportuno. Cucalón indicó que el intento de retomar el juicio político es un sainete porque es ilegal, inconstitucional y arbitrario porque se han vencido los plazos, los interpelantes han cambiado y sobre todo no procede ––insiste Cucalón–– cuando un presidente ya ha dejado sus funciones. Agregó que hay antecedentes de exmandatarios que no han podido ser enjuiciados políticamente después de dejar el poder.

“La preservación del debido proceso se vería afectada por cambios drásticos en la composición del legislativo, lo que distorsionaría la legalidad del proceso. (…) A la presente fecha, existe una absoluta imposibilidad jurídica de continuar con el juicio político al expresidente Lasso, toda vez que ya no ejerce el cargo de Primer Mandatario”, explicó Cucalón en el documento con la argumentación jurídica.

El 21 de noviembre, en entrevista con CNN, Henry Kronfle dijo que el trabajo de fiscalización continuará, aunque en ese momento no especificó si pondría en agenda el juicio político contra Lasso.

“Esta Asamblea lo va a hacer (fiscalizar) de manera muy frontal, con seriedad, sin temor ni favor ni condición. Vamos a hacer un trabajo muy serio de fiscalización, haciendo justicia y sin venganza”, precisó.

De acuerdo con la oposición al gobierno de Lasso, que promovía el juicio político, el exmandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.

“He venido aquí para decir esto a mis acusadores: Yo los acuso. Los acuso de haber abandonado su papel de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república, porque no crean leyes, sino que las destruyen”, dijo por entonces Lasso a los legisladores, durante su defensa en el pleno.

Los legisladores iniciaron el 16 de mayo el debate de enjuiciamiento político contra Lasso, quien negó las acusaciones en su contra y dijo que la iniciativa tiene motivaciones políticas.

En una entrevista con CNN el mismo día que decretó la “muerte cruzada”, Lasso afirmó que su decisión frenó un “plan macabro” que tenía como objetivo tomar las instituciones para garantizarse impunidad. Además, aseguró que con esa medida no pretendía esquivar el juicio político en su contra. “Yo quise ir a defenderme porque soy inocente, porque no he cometido peculado y porque de manera abusiva pretendían destituirme sobre la base de unos contratos suscritos en el Gobierno anterior”, puntualizó Lasso a CNN

El 17 de mayo, el exmandatario decretó la “muerte cruzada” y, con ella, la disolución de la Asamblea y la reducción de su mandato a dos años y medio.