En el marco de la operación Valkiria V, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por el coronel de la PNP, Harvey Colchado, se llevó a cabo una investigación dentro del Ministerio Público para indagar una supuesta organización criminal liderada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Esta pesquisa también involucra a sus tres asesores: Abel Hurtado Espinoza, Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girao Isidro. Según la tesis fiscal, se alega que Benavides habría ejercido influencia de manera ilícita en la destitución de la Junta Nacional de Justicia, en la nominación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y en la inhabilitación de Zoraida Ávalos. En esta nota te explicamos cómo operaba esta presunta organización delictiva.
Organigrama de la presunta red criminal liderada por Patricia Benavides. Foto: composición LR/ Jazmin Ceras
La Fiscal y su Cúpula de Poder: inhabilitación de Zoraida Ávalos
En el marco de la investigación liderada por la PNP, la tesis policial-fiscal señala que esta supuesta red criminal habría “instrumentalizado el poder constitucional asociado al monopolio de la persecución penal en su propio beneficio”, ejerciendo influencia ilícita en las decisiones de congresistas para lograr la remoción de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
A cambio, se habría pactado el archivo de investigaciones penales por presuntos actos de corrupción que involucraban a ciertos congresistas. Jaime Villanueva, identificado como la mano derecha de la titular de la Fiscalía, los agrupó como Niños 1, Niños 2 y Niños 3, según las investigaciones lideradas por Patricia Benavides. Más tarde, Villanueva enviaría un mensaje de WhatsApp a un congresista, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades debido a su estatus como colaborador eficaz, confirmando que las investigaciones de 37 congresistas, pertenecientes al grupo Niño 3 y acusados del delito de cohecho pasivo propio, habían sido archivadas.
Este presunto grupo criminal habría diseñado un plan estratégico para asegurar su permanencia en la alta dirección administrativa y funcional del Ministerio Público. Foto: Carpeta Fiscal/ LR
La Fiscal y su Cúpula de Poder: elección del defensor del Pueblo
De manera ilícita, la organización criminal también habría influenciado en la decisión parlamentaria del nombramiento del actual defensor del Pueblo, quien constitucionalmente preside una eventual comisión especial de selección de la Junta Nacional de Justicia.
El material visual presentado por las autoridades revela que Villanueva coordinaba, en nombre de la fiscal de la Nación, la designación del defensor del Pueblo. “Estamos muy preocupados por la posibilidad de que fracase la elección del defensor. Contar con un titular en esa institución es crucial, ya que lo que está en juego es de gran importancia”, expone el asesor de la fiscal de la Nación en los chats desvelados.
Chats en los que coordinaban designación del defensor del Pueblo. Foto: PNP
Asimismo, se subraya la trascendencia de la elección del defensor del Pueblo, ya que este es el encargado de designar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto sugiere que Patricia Benavides planeaba influir en la elección de los integrantes de la JNJ en un futuro.
‘La Fiscal y su Cúpula de Poder’: remoción de la JNJ
Finalmente, a esta organización criminal se le acusa de promover ilegalmente la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El 24 de mayo de 2023, la congresista de la bancada de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó nuevamente una denuncia constitucional contra los miembros de la JNJ por los delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento ilegal del cargo.
Documento legislativo fue elaborado por el Congreso. Foto: PNP
Esta acción se dio en respuesta a la solicitud de la JNJ a los miembros del Parlamento para que reflexionaran sobre la acusación constitucional contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. En este contexto, el 7 de noviembre de 2023, el Congreso de la República programó para el siguiente día, el 8 de noviembre de 2023 a las 14.00 horas, que la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sustentara el informe final durante diez minutos.
Posteriormente, los miembros de la JNJ ejercerían su derecho a la defensa, seguido por un debate congresal de dos horas y la votación para aprobar o rechazar la remoción de la JNJ. En este caso, Javier Villanueva, por encargo de Benavides, se puso en contacto con un congresista previo a la votación del Parlamento para enviarle un documento Word en el cual presentaba una propuesta de una resolución legislativa para la remoción de la JNJ.
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