El FMI advierte de que la fragmentación política en España amenaza el crecimiento económico

Intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso.

La economía española ha resistido los embates de la crisis inflacionaria, la subida de los tipos de interés, el bajo crecimiento de la Unión Europea y los conflictos geopolíticos. Ha salido mejor de estas perturbaciones económicas que sus socios europeos. Pero la crispación política y la polarización y fragmentación que vive la política española emerge como una de las grandes amenazas para el desempeño futuro de la actividad económica. Así lo señala el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el trabajo preliminar de su tradicional Artículo IV sobre España —el documento donde analiza el desempeño y los riesgos económicos de los países —. Los técnicos del organismo señalan que “una fragmentación política interna prolongada podría obstaculizar la implementación de reformas estructurales y la consolidación fiscal, lo que eventualmente podría empeorar la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento, particularmente si las condiciones financieras se endurecieran”.

La advertencia se produce en un contexto de máxima inestabilidad parlamentaria, con un Ejecutivo sustentado por una frágil mayoría y en plena ofensiva del Partido Popular, que ha subido los decibelios en el Parlamento a niveles que no se recordaban desde hace años. Desde que inició el año, el Gobierno ha sufrido al menos dos descalabros en el Congreso por sus socios y todo apunta a que los comicios autonómicos, en especial en Cataluña, serán cruciales para la estabilidad del país. El aviso hecho por el FMI no implica que, a día de hoy, la polarización política ya haya tenido un efecto adverso en la economía ni que se dé por descontado, pero sí lo destaca como uno de los grandes factores de riesgo.

Aun así, el crecimiento de la economía española ha superado hasta ahora las expectativas y los organismos internacionales han ido elevando sus previsiones. Este mismo viernes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado en cuatro décimas, hasta el 1,9%, su estimación del PIB para 2024. Sin embargo, también ha advertido de que la crispación política nacional puede lastrar este avance.

Otros peligros que destaca el organismo dirigido por Kristalina Georgieva son el menor impacto de lo previsto de los fondos europeos, una fragmentación geoeconómica cada vez más profunda y una abrupta desaceleración global o de la zona del euro. Aunque prevé que la inflación continúe bajando hasta acercarse al objetivo del 2% propuesto por el Banco Central Europeo para mediados de 2025, también contempla riesgos alcistas que incluyen un repunte de los precios mundiales de la energía y aumentos persistentes de los costes laborales debido a las presiones salariales o un bajo nivel de productividad.

A pesar de los problemas, el FMI parece seguro de que la resistencia mostrada por la economía española en los últimos años seguirá dando frutos en 2024. La demanda interna será el combustible de la locomotora nacional, de forma que la tasa de crecimiento trimestral —alrededor del 0,5%— observada el año pasado se prolongará en los próximos meses. Además, un aumento —aunque moderado—del ingreso real y del ahorro, deberían apuntalar el consumo, mientras que el desembolso de los fondos Next Generation y la relajación de las condiciones financieras posiblemente impulsen la inversión privada. La nueva proyección no solo disipa las dudas de una posible ralentización, sino que mantiene intacta su estimación para el 2025, cuando prevé que el PIB crezca un 2,1%.

De acuerdo con las proyecciones, el Índice de Precios de Consumo (IPC) seguirá bajando a pesar de que la retirada de las medidas de apoyo para paliar los efectos de la crisis energética y alimentaria producirá subidas puntuales de precios. Además, la tasa de paro seguirá disminuyendo hasta el 11%, aproximadamente, aunque los analistas consideran que se necesitan políticas adicionales a la reforma laboral de 2021, si se quiere conseguir una mayor estabilidad del empleo en España. En concreto, el documento señala que “incrementar las cotizaciones para la prestación por desempleo por parte de empleadores con mayor rotación de personal podría desalentar excesivas transiciones entre actividad e inactividad bajo los contratos fijos discontinuos, que a su vez deberían estar sujetos a un monitoreo más preciso utilizando información estadística adicional”.

Una reforma fiscal con más impuestos

El organismo reconoce que el Gobierno ha hecho su tarea en materia de consolidación fiscal. No obstante, la deuda sigue siendo elevada y se espera que, a medida que la inflación se normalice y el auge de los ingresos fiscales se atenúe, el déficit fiscal y la deuda pública quedarán en torno al 3% y 104% del PIB, respectivamente, en ausencia de medidas adicionales. Por eso, el FMI recomienda al Gobierno mantener en el medio plazo una política fiscal restrictiva que permita tener las cuentas públicas más saneadas.

En concreto, el personal del fondo cree que una reducción en tres puntos porcentuales del déficit es posible de aquí a 2028 mediante un ajuste fiscal de alrededor de 0,6 puntos porcentuales. Para ello, el país tiene a favor el impuesto a los beneficios extraordinarios a la banca y las eléctricas, así como la eliminación de las medidas anticrisis. Sin embargo, hacen falta otras medidas de carácter estructural como la eliminación de las exenciones al IVA, armonizando los tipos entre productos e incrementando la imposición medioambiental en España a los niveles del resto países de la Unión Europea.

Para remediar el posible impacto negativo que esto podría tener en los hogares con las rentas más bajas, se sugiere la ampliación de las políticas activas de empleo (PAE) y el aumento de la oferta de pisos asequibles. Aquí vuelve a dar un toque de atención al Gobierno, al que le pide que evalúe a conciencia los efectos que ha tenido en Cataluña el tope al alquiler antes de implantar la medida, aprobada por la Ley de Vivienda, en todo el país. La advertencia viene de la posible reducción de la oferta y los problemas de acceso que la medida puede acarrear a la población más vulnerable.

El documento precisa que en caso de que los gravámenes temporales a la banca y el sector energético se conviertan en permanentes, se deben reajustar las bases impositivas a fin de que minimizar los efectos negativos en el mercado.

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