Una jueza de San Francisco ordenó a Elon Musk, dueño de X (anteriormente Twitter), a testificar en la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos sobre la adquisición en octubre del 2022 de la famosa red social por parte del magnate. Una transacción en la que la agencia sospecha que podría haber incurrido en un delito de fraude bursátil.
El multimillonario testificó dos veces ante la SEC en julio de aquel año. Pero la agencia, que desde entonces ha recibido “miles de documentos nuevos”, incluidos algunos escritos por Musk, quiere interrogarle de nuevo. Si bien su abogado acordó que el cofundador de Tesla declarara como parte de la investigación el pasado 15 de septiembre, finalmente este se negó a comparecer, por lo que la SEC lo acabó demandando ante una corte del distrito Norte de California.
Musk entrando a la sede de Twitter (ahora X) cargando un fregadero el miércoles 26 de octubre del 2022 en San Francisco, California
La corte ha dado a Musk y a la SEC un plazo de una semana para acordar una fecha y un lugar para la entrevista. Asimismo, la jueza añade que, de no producirse el acuerdo, podrán presentar una carta conjunta “con sus respectivas posiciones” sobre la cita.
En concreto, la agencia está buscando información sobre las compras de acciones de Twitter que ordenó Musk antes de la adquisición de la compañía, por la que pagó 44.000 millones de dólares, y las declaraciones que hizo sobre sus inversiones. Para llegar al fondo de la cuestión, la SEC envió a Musk una carta en el 2022 solicitando información sobre la divulgación retrasada de su participación en Twitter, de la que informó con una semana de retraso.
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El director ejecutivo de Tesla por su parte refuta los fundamentos de la investigación. Considera que las acusaciones son infundadas y afirma que la agencia está buscando información irrelevante. Además, sostiene que la citación excede la autoridad de la SEC porque fue emitida por un miembro del personal de la agencia designado por el director de cumplimiento y no por un funcionario designado por el presidente, un tribunal o el jefe de un departamento federal. El tribunal lo negó el sábado al alegar que la citación está autorizada por la Ley de Bolsa, que regula principalmente las transacciones de valores en el mercado secundario.
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