Leyes al vapor

José Rubinstein

A tambor batiente culmina el periodo ordinario de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados, dándole prioridad a la aprobación de tres iniciativas de reformas de ley provenientes del Ejecutivo, dejando pendientes las 20 iniciativas de reforma recibidas desde el 5 de febrero pasado.

La reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya aprobada por la Cámara de Diputados, contempla captar los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afore y no hayan reclamado sus recursos, con el propósito de que éstos se jubilen al 100% de su último salario. El monto acumulado no reclamado que el gobierno sustraerá oscila en 40 mil millones de pesos. En palabras llanas, la cuenta individual del ahorro  acumulado por un trabajador en su Afore, ahora formará parte de un fondo revolvente de pensiones del “Bienestar” administrado por el gobierno, por un comité de notables -¿quién responde por ellos?-, defensor del pueblo. El fondo será apoyado con los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y/o las utilidades – ¿cuáles?- generadas por entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, como el AIFA y el Tren Maya. AMLO al respecto: “La mayor parte de los ministros son empleados de los potentados. Como hicieron cuando la reforma eléctrica para favorecer extranjeros, van a acudir a la Corte. Veremos que actitud asumen…y todavía estos cinicazos se atreven a oponerse a estas acciones en beneficio de los trabajadores”. Veremos a la hora de la hora, donde quedó la bolita.

La segunda reforma aludida, la de la Ley de Amparo, antier fue aprobada en lo general en la Cámara de Diputados. Esta Ley prohibe que se otorgue una suspensión a una norma o acto de autoridad con efectos generales, cada suspensión sólo será válida para la persona promotora del amparo, es decir, cada resolución es única, no ejerce jurisprudencia, por lo que cada afectado tendría que pagarle a un abogado -¿y quién no pueda?- para acceder a la suspensión de una norma. “Esta reforma busca acotar la arbitrariedad y los abusos del Poder Judicial, al conceder dicha protección a particulares”. Lo cierto es que la reforma cancela el acceso a la justicia a lo más pobres.    En tercer término, fue discutido y aprobado el dictamen de reforma a la Ley de Amnistía, en la cual principalmente destaca la facultad del  presidente de la República de otorgar de manera directa – por sus pistolas- el perdón a personas bajo proceso o sentenciadas, pero que aporten información -soplones- comprobable y fidedigna sobre casos relevantes para el país – por ejemplo, Ayotzinapa, Tlatlaya o Israel Vallarta, sin requerir el visto bueno de la Fiscalía General de la República o de algún juez. La única verdad que esta reforma regresiva  garantiza es la del presidente en turno – alguno podría negociar indultos-, que con las facultades de un César, subiría o bajaría el dedo, conforme a su humor o voluntad.

Las apresuradas reformas populistas aprobadas, de tinte absolutista,coincidiendo con tiempos electorales, seguramente serán rechazadas por la Suprema Corte de Justicia. Afortunadamente la Corte -aún- no ha sido cooptada mayoritariamente por el régimen de la 4T.

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