¿La vivienda sería más accesible con la iniciativa de AMLO? Sí, aunque sólo para quienes tienen trabajo formal

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La propuesta de reforma constitucional que busca facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores abre la puerta a que estos puedan adquirir una vivienda o rentarle una al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a precios bajos, pero deja de lado a personas que no cuentan con un trabajo formal, que representan a más de la mitad de las personas ocupadas en el país, cuestionaron expertos.

El lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una veintena de iniciativas entre las que está una propuesta para garantizar el acceso a la vivienda para los trabajadores.

“Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas”, señaló el presidente López Obrador en su discurso sobre la iniciativa que plantea modificar el artículo 123 de la Constitución. Para, entre otros puntos, facultar al Infonavit para construir de nuevo viviendas.

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La propuesta también contempla un programa de arrendamiento social a bajo costo para los derechohabientes de esa institución. Sin embargo, no se precisa de dónde saldrán los recursos para promover este mecanismo, cuestionó Carla Escoffié, especialista en derecho administrativo y constitucional.

Otro desafío que presenta esta propuesta está en el contenido de las leyes secundarias y los controles que se pongan para evitar la especulación inmobiliaria y posibles casos de corrupción, agregó.

“Para que funcione, requiere varios detalles a cuidar, pero eso debe ser en la ley reglamentaria. Para un marco constitucional, es buen punto de partida. Lo mismo con otro tema relevante: el Infonavit volvería a construir, lo cual es bueno pero deben adoptarse mecanismos para evitar que se repita la especulación y círculos de corrupción que ocurrieron en el pasado”, comentó en su cuenta de X.

Por tratarse de una reforma constitucional, requiere de la votación de más de dos terceras partes tanto de la Cámara de Diputados como del Senado para su aprobación, además del respaldo de 17 congresos estatales.

¿Cuáles son los alcances de esta iniciativa?

La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados la noche del lunes propone añadir 3 párrafos a la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución, que define los temas laborales.

Según se plantea en el documento, el fondo nacional de vivienda, actualmente representado por el Infonavit, “establecerá un sistema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá invertir sus recursos en la construcción de vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla”.

Para el arrendamiento, la iniciativa propone que quienes lleven más de un año de cotización ante el fondo puedan rentar una vivienda propiedad del Infonavit con una tarifa preferencial, de máximo 30% del salario de la persona. 

El artículo menciona que “Después de diez años de arrendamiento de una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad, en los términos que establezca la ley”.

El arrendamiento es el mecanismo por el cual, a través de un contrato, una persona adquiere el derecho temporal de uso de un inmueble. En este caso, el arrendatario sería el Infonavit, mientras que las personas trabajadoras serían arrendadoras.

En la iniciativa además se establecen criterios para dar preferencia de acceso al arrendamiento a trabajadores que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia.

¿Cuáles son los retos para esta iniciativa de vivienda?

La propuesta del presidente enfrenta varios desafíos. Por un lado, en los considerandos de la propia iniciativa se menciona que en uno de cada cinco hogares hay al menos un integrante que busca arrendar, comprar o construir una casa, según la Encuesta Nacional de Vivienda del Inegi de 2020.

En contraste, la producción de vivienda en México se ha desacelerado. De acuerdo con el Reporte Anual de Vivienda 2023 del Infonavit, con datos hasta junio de ese año, entre el primer semestre de 2016 y el mismo periodo de 2023 la producción de vivienda se redujo en 55.4%. 

Sin embargo, la caída fue más pronunciada en el rubro de vivienda económica-popular, la de menor precio. Pues pasó de construir 97.7 mil casas en la primera mitad de 2016 a sólo 25.6 mil en el mismo periodo del año pasado, una caída de 73.7%.

A ello se suma la formalidad del empleo en el país, requisito para tener acceso a los beneficios del Infonavit, como el crédito para compra, autoconstrucción o ampliación y mejora de la vivienda. 

“La mayoría de trabajadores no tienen Infonavit y/o no tienen sueldos suficientes para aportes voluntarios o para asumir créditos”, apuntó Escoffié en redes sociales.

Para Máximo Jaramillo, cofundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), la iniciativa adolece de ofrecer los beneficios de vivienda sólo a las personas que trabajan en el sector formal, y dejar de lado a quienes trabajan en la informalidad, que representan a un sector vulnerable en temas de vivienda.

“Están dejando fuera otra vez a la mitad de la población que está trabajando en un sector conocido como informal. Nuevamente se ampliaría esta brecha entre el tipo de de beneficios a los que pueda acceder alguien que tiene empleo formal”, cuestionó.

Mientras que en diciembre de 2023 se reportaron 59.1 millones de personas ocupadas en el país, sólo 22 millones estaban dadas de alta en el IMSS, que representan los empleos formales en sectores no gubernamentales y que pueden acceder al Infonavit.

En una muestra analizada por el propio Instituto a más de 10 millones de derechohabientes, hasta antes de 2020 sólo el 8.9% solicitó su crédito. 

A noviembre de 2023, el Infonavit reportó que su cartera de crédito (número de créditos otorgados) sumó 5.4 millones, de los cuales 4.5 millones estaban al corriente en sus pagos. El resto estaban postergados o tenían retrasos en sus pagos. Es decir, que el beneficio directo por el Infonavit apenas alcanzó a esa población.

El desafío de las zonas metropolitanas

Otro de los grandes retos que enfrenta la iniciativa es satisfacer la demanda de vivienda en las zonas donde más se requiere.

Según el Reporte 2023 del Infonavit, el 84.9% de la demanda histórica de vivienda se da en las zonas metropolitanas, donde se observa un déficit de 1.2 millones de construcciones. 

Las zonas más afectadas son el Valle de México, Tijuana, Poza Rica, Cancún y Acapulco, donde faltan 874.1 mil viviendas, es decir, el 68.7%.

“Los urbanistas identifican como una problemática el tema de que no hay suelo. Por eso se habla que está tan cara la vivienda, además de todos los temas de especulación”, comentó Jaramillo.

Para Escoffié, si bien estos temas no corresponde atenderlos en la reforma constitucional, es algo que habrá de vigilarse en las regulaciones secundarias.

La reforma, apuntó, sentaría las bases de una nueva regulación en materia de vivienda para los trabajadores, aunque deja de lado otras alternativas para facilitar el acceso a la vivienda que no dependen sólo de un ajuste a la Constitución. Y que incluso se pueden lograr desde reformas a leyes secundarias, que no requieren de una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales para su aprobación.

“Tenemos que pensar en alternativas que partan de la autogestión de las personas y que no parta de la proactividad estatal. Pensaría en cooperativas de vivienda o formas de potencializar la autoconstrucción (esto incluye bancos de suelo y otros puntos)”, concluyó Carla Escoffié en su cuenta de X.