Incertidumbre sobre el futuro de la Secretaría de Derechos Humanos

Incertidumbre sobre el futuro de la Secretaría de Derechos Humanos

Nadie del gobierno de Javier Milei se comunicó con las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para conversar sobre la transición. El silencio y la indefinición sobre el futuro de esta oficina preocupa, especialmente después de que el presidente electo se refiriera a los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de la dictadura como “excesos” en el marco de una “guerra”. Querellante en 256 causas por crímenes de lesa humanidad y responsable última de los sitios de memoria, la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) es objeto desde hace días de una campaña de sectores pro-impunidad que piden su cierre.

“La incertidumbre es total. Nadie se contactó con nosotros ni sabemos qué va a pasar con el área. Esto está generando una gran preocupación entre los trabajadores y las trabajadoras”, dice Horacio Pietragalla Corti, titular de la SDH durante el gobierno del Frente de Todos.

La intención de Pietragalla es entregarle a quien se haga cargo de la oficina –que tiene su sede central en la exESMA– una copia en mano del informe de su gestión en el que se recorren algunas líneas de trabajo de la SDH, que van desde los abordajes sobre violencia institucional hasta la elección del Museo Sitio de Memoria ESMA como patrimonio mundial por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Pietragalla mantuvo un encuentro con trabajadores en la exESMA y una reunión con organismos de derechos humanos, el jueves pasado. En todos los encuentros se comentó lo mismo: la falta de información sobre qué sucederá con la SDH. Todos “fueron coincidentes en la necesidad de defender la institucionalidad y jerarquía del área, para mantener el rango actual y la continuidad de los programas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia, en particular la acción de querellante en los juicios de lesa humanidad y la preservación y mejoramiento de los sitios de memoria en todo el país”, informaron en un comunicado desde la mesa de organismos.

En el Ministerio de Justicia no hubo fotos de la transición entre Martín Soria y quien lo sucederá en el cargo, Mariano Cúneo Libarona. Las reuniones fueron lideradas por el viceministro Juan Martín Mena y Diego Guerendian, que se perfila como jefe de Gabinete de Cúneo y posiblemente como el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. En esas conversaciones, según pudo reconstruir este diario, tampoco se abordó el tema de la SDH.

En el entorno de Cúneo Libarona le dijeron a Página/12 que el futuro ministro de Justicia está estudiando la situación de la SDH y que ya tiene un candidato para hacerse cargo de la oficina, aunque lo mantiene en reserva. De ser así, la SDH seguiría existiendo como tal, aunque posiblemente se quiera avanzar con despidos, como sugirió el diario La Nación.

En los últimos días, la Unión Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) emitió un comunicado reclamando el cierre de la SDH, a la que responsabilizan por las condenas de más de 1200 represores –pese a que son los jueces quienes dictan sentencia en los juicios–. La UPMAC fue creada en mayo de 2002 como una reacción frente a la posible reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad. Para entonces, el juez Gabriel Cavallo había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el caso por la apropiación de Claudia Poblete, y la Cámara Federal porteña había avalado su decisión.

Las autoridades de la UPMAC –que reclaman el fin de la política de derechos humanos y acusan de indignos a integrantes del cuerpo de peritos y abogados de la SDH– fueron invitados al acto que Victoria Villarruel encabezó en la Legislatura porteña en septiembre pasado. La vicepresidenta electa tiene una larga trayectoria en organizaciones pro-militares que impugnan el proceso de justicia y reclaman una “memoria completa”. Ella misma dijo que en los juicios por delitos de lesa humanidad se violaron las garantías de los imputados, presentó al represor Juan Daniel Amelong como una víctima y bregó por darle un destino “disfrutable” al Espacio Memoria y Derechos Humanos, exESMA.

El comunicado de la UPMAC fue repudiado por la SDH. “La Secretaría, en representación del Poder Ejecutivo, es parte central de un proceso de justicia por crímenes de la última dictadura que busca dar respuesta a la sociedad y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos”, respondieron desde la entidad que dirige Pietragalla Corti.

Los trabajadores y las trabajadoras del exPrograma Verdad y Justicia también respaldaron a sus compañeros señalados por una entidad a la que definieron como defensora de genocidas. “Con la misma convicción de siempre defenderemos nuestro trabajo, que es una política de reconocimiento nacional e internacional, contra los crímenes de Estado de ayer y hoy”, afirmaron.

La UPMAC no fue la única en hacerle llegar su pliego de condiciones al gobierno de Milei y Villarruel. Como reveló este medio, también hubo una reunión entre la Unión de Promociones y el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Facundo Correa Llano, a quien le pidieron una “solución definitiva” para los condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad.

Distintos represores condenados –como Jorge Eduardo Acosta, jefe de inteligencia del grupo de tareas de la ESMA– celebraron un cambio de época. Otros que estaban en prisión domiciliaria y sin condenas firmes pidieron salir a votar en el balotaje. Los organismos de derechos humanos denunciaron que estaban saliendo a sufragar por su impunidad.