Columna de Pablo Allard: Concesiones, de lo humano a lo divino
La Tercera
El miércoles pasado, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto al director general de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, presentaron en Arena Santiago la nueva cartera de proyectos de infraestructura pública a licitar antes de que termine el gobierno, para ser construidos e inicien su operación entre 2024 y 2028.
Se trata de la cartera más ambiciosa jamás presentada por el MOP, considerando 24 proyectos y una inversión de más de US$ 17.600 millones. Si bien muchos en la industria dudan que se pueda implementar la totalidad de ellos, la noticia ha sido muy bien recibida, y en palabras de concesionarios, si se logra licitar la mitad, ya sería un verdadero éxito.
Celebramos la señal política del Ejecutivo por respaldar y consolidar la alianza público-privada en el desarrollo de nuestra infraestructura, la cual estuvo amenazada durante el proceso constituyente por convencionales oficialistas que proponían nacionalizar la cartera y terminar con esta virtuosa política, que ha superado con creces los beneficios sociales y económicos previstos cuando se implementó hace ya más de 30 años.
No solo se trata de la inversión de billones de dólares en nuestro país, o la creación de cerca de 32 mil puestos de trabajo, sino además el positivo impacto que generarán estos proyectos en las comunidades, el sector productivo y los servicios en el país.
Los proyectos presentados son de gran diversidad en cuanto a su tipo y localización. La mitad son nuevas autopistas o relicitaciones de aquellas que ya cumplieron su plazo de explotación, también destacan megaproyectos largamente esperados como el tren Valparaíso-Santiago, que con un costo estimado de US$ 3.820 millones es el más ambicioso y complejo de la cartera. Se incluyen nuevas cárceles en Talca y Copiapó, plantas desaladoras en Coquimbo, el necesario sistema nacional de alerta temprana de tsunamis, dos electrocorredores en Concepción, un tranvía entre Coquimbo/La Serena, y los teleféricos de Alto Hospicio/Iquique y Valparaíso.
Esta diversidad de proyectos plantea nuevos desafíos, ya que los riesgos para los inversionistas son mayores cuando la demanda no está asegurada, los plazos de aprobación son inciertos y las reglas no están tan claras. Por otro lado, los eventuales conflictos socioambientales que puedan surgir por la debida inserción urbana y territorial de estas infraestructuras podrían extender los procesos de evaluación e incluso judicializarlos. Por ello, es vital que el gobierno transmita certeza tanto a inversionistas como a las comunidades. Y en ese sentido, es clave el liderazgo de la ministra López, quien conoce de cerca los dolores de la industria, desde su experiencia previa como alta ejecutiva de BancoEstado y exdirigente de las empresas sanitarias. A ello se suma el don de la implementación del director Sánchez, quien inició su carrera ejecutando el programa Biovías en el gobierno de Lagos, colaboró en la reconstrucción post 27F y tiene una larga trayectoria en el MOP. En cuanto a la sostenibilidad de los proyectos, el ministerio está incorporando criterios de eficiencia energética e hídrica en cada uno de los llamados.
Como decía el profesor de Harvard Jerold Kayden: “Planificar es humano… implementar es divino”. El gobierno ya ha cumplido con lo humanamente posible, con visión de Estado y largo plazo; ahora la clave será que todos concurramos y nos sumemos para llegar a lo divino, incluidos aquellos pequeños demonios dentro del oficialismo que aún dudan de la alianza público-privada.
Por Pablo Allard, decano Fac. de Arquitectura UDD