Trabas para la creación de nuevos colegios

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

Una de las disposiciones más discutibles de la llamada Ley de Inclusión (2015) fue aquella que condicionó el acceso a subvención del Estado por parte de nuevos establecimientos en la medida que se acredite una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por otros establecimientos que reciben subvención, o que no exista un proyecto educativo similar en el territorio. Con ello se introdujo un cambio sustantivo en la forma como venía funcionando nuestro sistema educacional, que respetuoso de la libertad de enseñanza permitía formar proyectos educativos libremente, convocar a las familias, postular a la subvención del Estado y establecer copagos.

La condición de demanda insatisfecha ha terminado siendo una suerte de camisa de fuerza, que claramente ha restado a las familias la posibilidad de optar con facilidad a proyectos alternativos de calidad en caso de que la oferta disponible no les satisfaga. Un reciente ejemplo de ello fue el extenso paro docente de los colegios pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, donde lo que se suponía debía ser una educación mucho mejor gestionada de los colegios públicos, dejó al descubierto graves falencias de gestión y serios problemas de infraestructura. Aun así, esos miles de familias en su gran mayoría seguirán como rehenes de la oferta estatal, pues bajo las actuales reglas sería difícil probar una “demanda insatisfecha” y crear nuevos establecimientos que satisfagan mejor las expectativas de dichas familias.

Fue precisamente a raíz del caso de Atacama que en la Ley de Presupuestos 2024 el Ejecutivo y los parlamentarios suscribieron un protocolo de acuerdo para que a más tardar en la primera mitad de este mes el gobierno enviara un proyecto de ley para agilizar las autorizaciones frente a una demanda insatisfecha. Lo que debía ser una oportunidad para flexibilizar estos requisitos, en la práctica sigue en la lógica de colocar trabas o descansar en la discreción de las autoridades. Así, entre otros aspectos, el Ministerio de Educación también podrá considerar la presentación de una nómina de alumnos sin establecimiento educacional que a lo menos represente el 70% de la matrícula total proyectada del nuevo proyecto. Asimismo, la autoridad podrá ponderar según si el nivel o niveles educacionales por los que se solicita la subvención no estén presentes en dicho territorio.

No resulta evidente que estos cambios apunten a una mayor agilización, y que el criterio rector sea ante todo la calidad del proyecto. Un informe de AcciónEducar hace ver que la iniciativa no cumple con la intención de facilitar la creación o el crecimiento de los establecimientos educacionales particulares subvencionados, “considerando que no se presentan incentivos a la creación de vacantes gratuitas y de calidad, que permitan garantizar la libertad de elección de las familias”.

Además de defraudar el espíritu del acuerdo alcanzado en el Congreso, se trata de una oportunidad desaprovechada. Cuesta comprender la reticencia para volver a esquemas donde el Estado, estableciendo las regulaciones adecuadas -como por ejemplo, requisitos mínimos en el tamaño del establecimiento- facilite que se puedan establecer nuevos proyectos educativos, sin las estrecheces que impone la “demanda insatisfecha”. Hay evidencia que muestra cómo a partir de 2015, con la Ley de Inclusión, la creación de nuevos establecimientos que desafíen a los existentes se redujo ostensiblemente. En ello pueden estar incidiendo una serie de factores adicionales, pero es previsible que las condiciones en la ley sean determinantes.