Papelera Dimar acusa a su exgerente general de montar “una verdadera máquina para engañar a los directores, accionistas y al mercado”

Papelera con más de 40 años de historia pide su reorganización y acusa “problema serio de liquidez”

Papelera Dimar, empresa con casi 50 años de vida y envuelta en una compleja situación financiera, presentó una querella por administración desleal en contra de su ex gerente general Jonatan Morán ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago.

Se trata de la segunda acción judicial por parte de la compañía, ya que el 13 de noviembre presentó una solicitud de reorganización concursal para evitar su quiebra ante el 3º Juzgado Civil de Santiago. Sus deudas ascenderían a $14.000 millones, aunque a la fecha los peritajes internos aún no concluyen y la cifra podría ser mayor.

En su acción judicial, la empresa relata que el 11 de septiembre de 2023 se llevó a cabo una sesión de directorio en la que se confirmó una tendencia que venía creciendo desde inicios de año: una caída significativa en los volúmenes de venta respecto de los montos presupuestados. Por lo mismo, la mesa encomendó a su entonces gerente general elaborar una proyección de ventas para la siguiente sesión, del 16 de octubre, pero tres días de la fecha, Morán se excusó aduciendo que no tenía tiempo y pidió a los socios una urgente inyección de dinero para cubrir requerimientos de corto plazo.

En su escrito, la compañía presidida por Francisco Ariztía que cuenta con más de 40 años de historia, detalló una delicada situación financiera interna. Originalmente, la empresa estaba vinculada a Arturo y Magdalena Matte, pero luego que esta última fuera nombrada ministra de Educación, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, vendió su participación accionaria a la familia Ariztía.

En su presentación, la compañía sostuvo que “el directorio de la compañía tomó conocimiento, recientemente, que la información patrimonial y financiera que había sido suministrada y entregada a por parte del gerente general, era falsa, incompleta y presentaba serias deficiencias que hoy están siendo analizadas en el contexto de una auditoria forense”.

Dimar cuenta con la asesoría de Castañeda, Pino & Chadwick Abogados en el proceso concursal y del bufete De La Barra, Píriz & Osorio Abogados en la arista penal.

Según la acción penal, el ex gerente general buscaba que los socios efectuaran un aumento de capital de $1.000 millones y los socios decidieron de forma unánime aprobar la operación y volvieron a insistirle en que elaborara las proyecciones de venta solicitadas. También fijaron una nueva reunión de directorio para el día lunes 30 de octubre.

Ese día, “el directorio toma conocimiento que el encargo solicitado por el gerente general estaba mal fundado y con serias inconsistencias de cifras que no calzaban ni se justificaban, partiendo de supuestos de venta y recolección de caja irreales y sin los respaldos necesarios”. Frente a esto, se tomó la decisión de iniciar urgentemente un proceso de auditoría interna.

La labor de auditoría se inició en forma inmediata y ya el día 3 de noviembre el presidente del directorio, Francisco Ariztía, informó a la mesa de la existencia de importantes irregularidades a nivel contable con imputaciones en cuentas de inventario ficticias de montos supuestos que ascendían por sobre los $7.400 millones. En concreto, la firma descubrió, según argumentó en su querella, que “existía un registro de bodega con inventario inexistente valorado por esa cantidad. Esto evidenciaba la gravedad de la situación, la falsedad de lo señalado por Morán no sólo en sus reportes mensuales al directorio, sino que de la supuesta coyuntura por la cual recién, hace tan solo unos pocos días atrás, se habían inyectado dineros por cerca de $1.000 millones para solucionar el supuesto impasse”.

Por otro lado, al descubrir el fraude, el presidente de la compañía, Francisco Ariztía, citó al entonces gerente general a su domicilio particular para sostener una reunión con el director Federico Silva. En la reunión, según la querella, Morán reconoció la situación señalando que aquella era la única irregularidad existente y que el monto de la cuenta ascendía a $5.000 millones y que su origen databa de marzo del 2023.

Asimismo, dijo que “su génesis se encontraba en que las valoraciones contables de los inventarios no permitían generar incentivos a la fuerza de ventas, por lo que había decidido modificarlos a través del uso de dicha cuenta. Con esto se lograba la apariencia de utilidades que permitían generar bonos a su persona y demás empleados”. Aseguró que no existía dolo de ninguna especie ni de él ni de los demás empleados de la compañía.

El querellado fue gerente general de Dimar durante mas de 20 años y era socio de la empresa desde hacía 14 años. La compañía cuenta con operaciones en Chile y Perú.

“Un mundo paralelo extracontable”

Posteriormente, el directorio constató que las irregularidades excedían a las inicialmente detectadas, pudiéndose detectar de que el ejecutivo “había creado una verdadera máquina de larga data para engañar a los directores, accionistas y al mercado, situación que sólo se fue acrecentando con el pasar de los días y que incluye muchas ramificaciones contables. Virtualmente, todas las cifras reportadas por el querellado eran falsas existiendo un mundo paralelo extracontable”.

En la querella, la compañía detalló que “si bien existe claridad y pruebas de las falsedades, a la fecha no es posible tener claridad de las modalidades y subterfugios utilizados por el querellado para ocultar la real situación financiera ni tampoco podemos responsablemente dar cuenta de que no exista comisión de otros ilícitos al interior de Dimar”.

“Al detectarse este ocultamiento es que la situación financiera actual de la compañía dista mucho de los números y cifras que se manejaban, estando gravemente comprometida la situación patrimonial de la empresa”, añadió.

“La profundidad de los problemas de liquidez, la existencia de vencimientos en pagos de corto plazo y de entrega de productos comprometidos por el señor Morán, llevaron al directorio a la decisión de dar inicio a un Procedimiento de Reorganización Judicial. Esta decisión grave y dolorosa se entendió como una forma seria e institucional de dar la cara al mercado y exponer la convicción y voluntad del directorio de dar la cara y comprometerse con salir de la crisis”, concluyó.