El Gobierno golpista de Malí prohíbe toda actividad política de partidos y asociaciones

El coronel Assimi Goïta, presidente de Malí tras un golpe de Estado, se dirige al público durante su sesión de investidura en Bamako, el pasado 7 de junio de 2021.

El Gobierno de Malí, bajo el mando del coronel Assimi Goïta, aprobó este miércoles un decreto que establece “la suspensión hasta nueva orden y en todo el territorio nacional de las actividades de los partidos políticos y de las asociaciones de carácter político”. El Ejecutivo de transición justifica dicha decisión por razones de seguridad y “de orden público” y la adopta apenas diez días después de que más de 80 partidos y colectivos de la sociedad civil reclamaran la celebración de elecciones presidenciales “en el plazo más breve posible”, algo que las autoridades malienses, que llegaron al poder mediante un golpe de Estado en 2020, rechazan de plano.

El decreto, que ha generado un fuerte debate en la sociedad maliense, fue anunciado a la opinión pública en rueda de prensa por el ministro de Administración Territorial y portavoz del Gobierno, el coronel Abdoulaye Maïga, quien acusó a la clase política de “debates estériles” y de llevar a cabo “acciones de subversión”. Por todo ello, añadió, en un momento de desafíos en materia de seguridad por la actividad de grupos armados yihadistas e independentistas tuaregs, es necesario instaurar “un clima de serenidad” a la espera de la apertura de un “diálogo nacional”.

Los militares malienses llegaron al poder aupados por una gran movilización popular que se vio incluso reforzada por sus victorias militares con el apoyo de Rusia, su nuevo aliado internacional, como la toma de Kidal el pasado noviembre de manos de los rebeldes tuaregs. Sin embargo, el incumplimiento de su promesa de organizar unas elecciones libres y transparentes para dejar el poder a los civiles, cuyo plazo expiró el pasado 26 de marzo, y el recorte generalizado de derechos y libertades han comenzado a erosionar este sostén y cada vez más voces se elevan para reclamar unos comicios.

Uno de los opositores más peligrosos para la junta militar es el influyente imam salafista Mahmoud Dicko, uno de los artífices de la movilización popular que en agosto de 2020 provocó la caída del entonces presidente Ibrahim Boubacar Keita y la subida al poder de los militares. Sin embargo, hoy su ruptura con Goïta es total. Tanto Dicko, que se encuentra en Argelia desde diciembre, como sus seguidores se han lanzado desde hace meses a una campaña de denuncia de “la corrupción, el nepotismo y el mal gobierno” de la junta militar que ha “confiscado” el poder. En respuesta, el Gobierno ilegalizó el pasado 6 de marzo a la Coordinadora de Movimientos, Asociaciones y Simpatizantes de Dicko (CMAS), mientras que la actividad del colectivo Sinergia de Acción por Malí, formado por unos 30 partidos bajo el manto del imam, fue prohibida en Bamako.

Pero no están solos. Más de 80 partidos y asociaciones malienses exigieron el pasado 1 de abril a las autoridades mediante un comunicado “crear las condiciones de una concertación rápida e inclusiva para la puesta en marcha de una arquitectura institucional con el objetivo de organizar, en el tiempo más breve posible, las elecciones presidenciales”. Además, amenazaban con recurrir “a todas las vías legales y legítimas para la vuelta al orden constitucional”. Asimismo, la Red de Defensores de Derechos Humanos de Malí recordó al presidente Goïta que en junio de 2022 adquirió el compromiso de dejar el poder antes del 26 de marzo de 2024, promesa que no ha cumplido.

A esta acción también se han unido jueces y fiscales reunidos en dos colectivos, que hicieron pública otra nota de prensa en la que recordaban a las autoridades que desde el día 26 “carecen de mandato o poder para representar a Malí” y, además, pedían a la junta militar que cesara en sus ataques contra las libertades públicas, como la disolución por decreto de la principal asociación de estudiantes del país el pasado 13 de marzo. Pocos días antes, el coronel Alpha Yahya Sangaré fue detenido tras publicar un libro en el que denunciaba los asesinatos y crímenes contra civiles cometidos por el Ejército maliense, como la masacre de Moura de 2022, en la que soldados y presuntos mercenarios de Wagner ejecutaron a unos 500 civiles y violaron a unas 60 mujeres y niñas, según un informe de Naciones Unidas.

Mientras las libertades sufren un enorme desgaste en Malí, la situación en sus países vecinos donde también gobiernan juntas militares salidas de golpes de Estado en los últimos tres años, no es mucho mejor. En Burkina Faso son moneda corriente las detenciones de activistas de derechos humanos y miembros de partidos políticos críticos con el capitán Ibrahim Traoré para ser llevados a la fuerza a combatir contra los grupos yihadistas. En Níger, el depuesto presidente Mohamed Bazoum continúa retenido por los militares y, en ambos países, la actividad de colectivos de la sociedad civil y periodistas es sometida a un fuerte control.

Tras subir al poder, los militares que gobiernan en Malí, Burkina Faso y Níger expulsaron a las tropas francesas de su territorio y se acercaron a Rusia como nuevo gran aliado. Asimismo, los tres gobiernos decidieron abandonar el G-5 del Sahel y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao). Al mismo tiempo, crearon la Asociación de Estados del Sahel (AES) para aunar esfuerzos en la lucha contra las ramas sahelianas de Al Qaeda y el Estado Islámico que desde hace más de una década operan en sus respectivos territorios y que han provocado más de 30.000 muertos y unos 3,8 millones de refugiados y desplazados internos, según ACNUR, la agencia de refugiados de la ONU.

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