Descubren centro de enseñanza que emitía certificaciones irregulares para obtener licencias de conducción; así operaba

En Sogamoso, Boyacá, quedó en evidencia una red delictiva especializada en la emisión irregular de certificaciones para la obtención de licencias de conducción. La operación ilegal, que se extendió desde 2016 hasta 2023, fue descubierta gracias a una investigación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Los implicados, presuntamente administradores e instructores de un centro de enseñanza automovilística, eran los cerebros detrás de la red, según las autoridades. Su modus operandi consistía en registrar como asistentes a personas que nunca habrían asistido a clases o prácticas presenciales. Además, se sospecha que inventaban horas de preparación y estudio que nunca se llevaron a cabo.

En una operación coordinada, la Policía Nacional logró la captura de siete miembros de esta organización criminal, quienes ahora enfrentan graves acusaciones. Un fiscal de la Seccional Boyacá les imputó cargos por acceso abusivo a un sistema informático, obtención de documento público falso y fraude procesal a los detenidos. Todos ellos quedaron vinculados al proceso judicial en desarrollo.

Los siete judicializados que harían parte del centro de enseñanza que emitía certificaciones irregulares.

Simultáneamente, otro fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tomó medidas cautelares drásticas contra los bienes asociados a esta actividad delictiva. Esto incluyó la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre el establecimiento de comercio que fungía como el centro de enseñanza automovilística clandestino, así como cuatro inmuebles y doce vehículos vinculados a la red delictiva.

El valor total de estos bienes, que supera los 1.800 millones de pesos, ahora está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de las medidas cautelares ordenadas por la Fiscalía. Esta operación no solo representa un golpe significativo contra la falsificación de licencias de conducción, sino que también destaca el compromiso de las autoridades en desmantelar estructuras criminales que comprometen la legitimidad de los procesos de obtención de licencias en el país.

La Fiscalía General ocupó bienes por $1.800 millones y judicializó a siete presuntos miembros de la organización.

Red falsificaba bolsos de lujos en Bogotá

Por otro lado, un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General y el Ejército Nacional en Bogotá, condujo al desmantelamiento de una red de falsificación de artículos de marroquinería, desenmascarando un entramado dedicado a producir y vender falsificaciones de marcas exclusivas.

La investigación de las autoridades reveló que los implicados no solo almacenaban réplicas, al parecer, importadas de China, sino que también fabricaban sus propias falsificaciones. Para su comercialización, utilizaban redes sociales, sitios web con atractivas ofertas y tiendas físicas en el centro de Bogotá.

Las autoridades encontraron bolsos chinos y los falsificados en Bogotá.

El modus operandi de los falsificadores implicaba el uso de elementos contramarcados, estampillas y documentos falsos de autenticidad, todo destinado a engañar a los compradores, haciéndoles creer que adquirían productos genuinos.

En un total de ocho allanamientos realizados en la capital colombiana, se logró incautar 3.779 bolsos de diversas marcas, además de decomisar más de 34 millones de pesos en efectivo, 681 dólares, 15 máquinas utilizadas para fabricar las réplicas y varios rollos de tela con la impresión de una reconocida marca de accesorios de cuero.

Las telas con las que la red falsificaba bolsos de lujos en una bodega de Bogotá.

Tras el operativo, Jackson Steven Ramírez Benítez, Yessica Julieth Marín González, Leidy Paola Marín García, Fabián Muñoz González y Henry Cubillos González se les señaló como miembros de la red dedicada a suplantar los artículos.

En respuesta a estos hallazgos, una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los sospechosos los delitos de concierto para delinquir y usurpación de derechos de propiedad industrial. Hasta el momento, ninguno de los investigados ha reconocido su responsabilidad en los cargos presentados por la Fiscalía.