'Gobierno nos está llevando a crisis inducida en el sector eléctrico': Amylkar Acosta

El exministro es una de los que más saben del contexto energético del país.

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‘Gobierno nos está llevando a crisis inducida en el sector eléctrico’: Amylkar Acosta

El exministro de Minas y Energía advierte que la prestación del servicio de energía sería parte de un ‘proceso constituyente’ para el Gobierno.

María Isabel Rueda

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta dice que se está fraguando en el sector eléctrico el mismo modelo que intenta implantarse en la salud. “Modelos espejo”, dice uno de los hombres que más saben del tema energético en el país. Lea mañana la segunda parte: ‘¿Estamos ad portas de un apagón?’.

La gente está desesperada: la luz nos vale cada vez más. ¿El Gobierno sí puede y debe manejar los precios en bolsa para controlar las tarifas?

Precisamente en el pasado mes de diciembre, el Gobierno expidió una resolución para comentarios, a través de la cual se busca intervenir el mercado, fijando un precio tope en bolsa de 532 pesos el kilovatio. Curiosamente, han transcurrido más de tres meses y no toma la decisión de expedir o no esa resolución.

¿No sería la Creg la competente para ello?

Para mí esta crisis energética, el tema tarifario y de precios y el riesgo de un racionamiento, tiene un nudo gordiano en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), por su inoperancia. Desde hace dos años, el Presidente dijo que iba a intervenirla por las altas tasas de las tarifas. Tácitamente la estaba responsabilizando de las altas tarifas de energía y sugiriendo que esta intervención impediría que la energía siguiera subiendo y hasta que podría bajar. En febrero del año pasado expidió la Resolución 227, en la cual “reasumía las funciones y competencias de la Creg”. Pero el Consejo de Estado, el 2 de marzo, suspendió esa norma por considerar que la Creg, según la ley de servicios públicos, tiene funciones propias, no delegadas por parte del Presidente; a él no le cabe asumir funciones que no le son propias. Así se frustró la intención del presidente de intervenir la Creg. ¿Pero qué sucedió a poco andar? El mismo Consejo de Estado terminó anulando la designación que había hecho el presidente Duque de cuatro de los expertos comisionados de la Creg.

¿Con qué argumento?

El de que casi ninguno reunía los requisitos legales en cuanto a perfil, experiencia y competencia. De esa manera, la Creg quedó en manos del presidente Petro, que tiene la competencia para designar a los expertos comisionados.

¿Y hasta hoy, por qué no ha cumplido con ese deber? Lo ordenó la Corte Constitucional, pero pocas bolas le pararon…

La Corte le dijo tres cosas al Gobierno: que los expertos comisionados no son subalternos del Gobierno. Que tienen periodo fijo de cuatro años. Y que deben ser de dedicación exclusiva. Además, la Procuraduría le solicitó al ministro de Minas y Energía que nombrara a los expertos comisionados. Y el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca le dio un plazo perentorio para que lo hiciera. No solo no acataron lo dispuesto, sino que apelaron esa decisión ante el Consejo de Estado.

¿Y a qué ha conducido esta situación permanente de “encargos” en la Creg?

El encargo no puede ser sino por tres meses, prorrogable a otros tres meses. Cada vez que se vencen esos encargos, la Creg queda sin quorum. ¿Quién entiende eso en medio de semejante crisis en la que estamos? Finalmente hace dos semanas, ante la presión de las cortes, de los gremios, de la opinión pública y hasta de la misma situación, el Gobierno decidió designar a tres expertos comisionados. Hay uno solo en propiedad. El Gobierno pretende llevarnos a una crisis inducida del sector eléctrico para justificar la narrativa que trae hace rato, atribuyéndole todos los problemas del sector eléctrico al “modelo neoliberal”. Y, por ahí derecho, tratar de plantear que la única salida de la crisis es que el Congreso le apruebe al Gobierno un proyecto de ley, aún no radicado, para darle toda la competencia y las facultades regulatorias al Presidente de la República. Prácticamente, suprimir la Creg. ¿Y quién va a invertir en un sector que está supeditado a decisiones políticas discrecionales por parte del presidente Petro? Se está fraguando para el sector eléctrico el mismo modelo que se está implementando en salud.

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O sea, el chu, chu, chu…

Claro. El presidente Petro, en declaración reciente, manifestó que con la venta de Isagén se está condenando a tener altas tarifas de generación eléctrica. O sea que las altas tarifas de energía se reducen a un problema de especulación por parte de los generadores. Y el ministro, recientemente, dijo lo siguiente: “… Se llevaron billones de pesos en diferentes momentos de nuestra historia, con diferentes nombres, y nuestra responsabilidad es evitar que eso vuelva a ocurrir, y eso es un proceso constituyente…”. Es decir que ya el ministro anuncia que el tema tarifario y el tema de la prestación del servicio de energía serían parte de lo que llaman ellos “proceso constituyente”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Presidencia

Eso mismo dijo el ministro de Salud, Jaramillo, cuando el Congreso le archivó su reforma de la salud…

Claro, en eso son absolutamente coherentes.

Regresemos al tema de las tarifas. ¿Cómo se fija el régimen tarifario?

Lo establece la Creg, es una de sus funciones. Y no fija una tarifa para todo el país, sino que cada una de las empresas distribuidoras de la energía debe presentar a su consideración lo que se denomina un “expediente tarifario”. Para que cada cinco años las empresas muestren cuáles son las inversiones que han hecho en el período. Como es obvio en un régimen de mercado, pues tienen que recuperar su inversión. ¿Y cómo recuperarla? Vía tarifas. Con base en ese expediente, la Creg saca una resolución y le señala la senda tarifaria a cada empresa.

El susto es que como no hay Creg, o funciona en interinidad, sea el Gobierno, por razones político-electorales y no técnicas, el que fije esas tarifas…

Interesante acotación. La ley de servicios públicos establece dos principios fundamentales para que esto sea sostenible. Uno es el de la suficiencia financiera. No se pueden establecer unas tarifas que quiebren a la empresa. Pero el otro principio es el de los costos eficientes. Es la labor que hace la Creg al estudiar el expediente tarifario. No puede acolitar que se les trasladen a los usuarios, vía tarifa, ineficiencias en las empresas que hacen parte de las cadenas.

Acosta fue Ministro en el gobierno de Juan Manuel Santos.. archivo EL TIEMPO

Explíquenos cuál es la cadena…

Empieza por el generador. Sigue con el transportador, luego vienen los comercializadores y finalmente viene el distribuidor. A ratos el ministro ha dicho que él está de parte de los usuarios. Ese planteamiento es demagógico porque para proteger al usuario, pues primero hay que garantizar que funcione con eficiencia toda la cadena.

Así facilito, para que entendamos todos, ¿cuáles son los componentes de la tarifa de energía que pagamos?

Existe una fórmula. Si se mira al respaldo de la factura que llega (es obligatorio ponerla atrás), encontrará las siglas CU, que quiere decir costo unitario; G, que equivale a generador; T, a transportador; D, a distribuidor; C, a comercializador; PR, que son las pérdidas reconocidas, y, finalmente, una R, que son las restricciones. Excepción hecha de EPM, a la que se le permitió un régimen vertical, prácticamente todas las demás empresas tienen que comprar la energía que venden.

¿Y cómo la compran?

Hay dos mercados. Uno son las transacciones bilaterales. La energía se compra a los generadores y se establecen contratos a 3, 4 o 5 años. Las partes pactan durante ese lapso, se venderá a X precio y no se puede modificar. El otro mercado es el mayorista, el de la bolsa, donde puede suceder que el precio suba por encima del que se pactó. De manera que del impacto en la letra G depende el grado de exposición que tenga cada empresa distribuidora en bolsa. Ese grado está en alrededor del 20 %, pero hay empresas, sobre todo públicas, oficiales, que llegan incluso a tener, como ElectroHuila, una exposición del 80 % en bolsa, explicado en parte por problemas financieros.

Para mí esta crisis energética, el tema tarifario y de precios y el riesgo de un racionamiento, tiene un nudo gordiano en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), por su inoperancia.

La demanda en promedio está en alrededor de 225 gigavatios hora-día, y la oferta un poquito encima, en alrededor de 240 gigavatios hora-día; o sea que el margen de maniobra está entre el 5 y el 6%. Eso obedece al atraso en la ejecución de muchos proyectos, empezando por Hidroituango, que por el percance que se presentó hoy está operando solo a 1.200 megavatios. O sea, ahí tenemos un déficit de 1.200 megavatios. Y los primeros parques eólicos en La Guajira, que han debido entrar en el 2022, pues a la fecha no ha entrado ninguno. Esa estrechez entre oferta y demanda hace que haya una presión hacia arriba de los precios.

Añadido el factor de la inflación global…

De la cual Colombia se contagió. Lo que más aumentó en la canasta familiar fue la tarifa de energía. Pero también influyó en su momento que a esos seis componentes de la factura se les aplicaba un indexador, que alguien en el DNP modificó del 4 % y lo subió como el 19 %. Otro factor que ha venido incidiendo es que la R, que son las “restricciones”, fue modificada por la Creg. Su costo lo asumía parcialmente el consumidor, pero hoy el 100 % está a cargo del consumidor, vía tarifa.

¿Y por qué el usuario tiene que pagar por ejemplo los atrasos en los proyectos, y no quien sea responsable de ello?

Así es, y todo eso repercute en el costo del recibo. Y viene el tema candente de la región Caribe. En estos seis componentes está la debacle de la PR, que significa las “pérdidas reconocidas”. ¿Y por qué las tiene que pagar el usuario? En el Plan de Desarrollo del anterior gobierno se le dieron facultades al presidente Duque para que se estableciera un régimen especial tarifario para la región Caribe; de lo que se trataba era de poner bonita a la “doncella”, Electricaribe, para encontrarle pretendientes. Entonces, la maquillaron y establecieron que las pérdidas no técnicas, que no son otra cosa que el robo de energía y las instalaciones fraudulentas, se las trasladaran también al usuario. Eso quedó convenido entre la Superintendencia de Servicios Públicos, Afinia y Aire. En el resto del país ese cargo oscila en alrededor del 8,5 %; en la región Caribe está en el 24 %, tres veces por encima. De allí que en el Caribe, el piso de las tarifas de energía sea mucho más alto.

Además, por las altas temperaturas, se ha elevado el consumo de energía, con su consiguiente aumento de tarifas…

Sí, y quienes más afectación tienen con estos aumentos de tarifa son los usuarios más vulnerables, los de los estratos 1, 2 y 3. Reciben un subsidio que es un porcentaje sobre el llamado ‘consumo básico’ o ‘de subsistencia’. Pero se ha desfasado el crecimiento del consumo de energía en todo el país. El cálculo que se tenía para este periodo era que el consumo debía crecer 3,1 %. ¿Sabe cuánto está creciendo? 8,3 %, y en la región Caribe, por encima del 11 %. En el caso de los estratos 1, 2 y 3, lo que exceda de ese consumo básico o de subsistencia se tiene que pagar con tarifa plena. Y si el mayor consumo supera más del 50 %, les toca pagar con tarifa plena todo su consumo.

Bogotá. 11 de abril de 2024. Embalse San Rafael muestra reducción significativa de su capacidad. Sergio Acero Yate / El Tiempo.

¿Y la medida de que durante el 2020 no se nos hiciera efectivo el cobro del aumento de tarifas a los usuarios?

Pues muchos creyeron, en su momento, que era que se habían congelado las tarifas. No. Se difirió el pago del aumento, eso es lo que se llama ‘opción tarifaria’. Pero ese aumento que yo no pagué, y sobre el cual además tengo que pagar un interés, se fue creciendo, hasta sobrepasar los 5 billones de pesos. Que es una deuda que tenemos todos los usuarios con las empresas prestadoras del servicio. ¿Y qué sucedió? Una, la ministra Irene Vélez llegó a un acuerdo con las empresas, que llamó ella ‘pacto por la justicia tarifaria’, y se convino congelar el cobro de la opción tarifaria… Entonces se presentó un problema para las empresas que podría llevarlas a la insolvencia. Aire y Afinia tienen que pagar de contado al generador la energía que ellos distribuyen, pero los usuarios les están debiendo 5 billones de pesos… Y a eso añádale la deuda que tiene el Gobierno con las empresas. En el momento en que facturan la energía a los estratos 1, 2 y 3, les hacen el descuento para que el Gobierno les reintegre el valor del subsidio. En este momento, el Gobierno debe por ese concepto a las empresas 600.000 millones de pesos. Y añádale la deuda que tienen las empresas y entidades oficiales, que está en alrededor de 1 billón de pesos, con las distribuidoras. Sumado todo esto, vale 7 billones de pesos el hueco que tienen las empresas distribuidoras.

¿Y qué dice XM, que es la empresa que administra y opera el sistema interconectado nacional?

Pues le advirtió al Gobierno que aquí se puede presentar un efecto dominó, porque si se insolventan las empresas distribuidoras, no van a tener con qué pagarles a los generadores, y si no hay con qué pagarles a los generadores, van a tener también problemas de insolvencia. Esto llegó al punto de que Aire mandó un oficio a las empresas generadoras diciéndoles que no tiene cómo pagarles la energía que le están vendiendo. XM entonces ordenó a esa empresa que no tiene con qué pagar que empiece a reducir la cantidad de energía que despacha.

¿Alguna reacción del Gobierno ante esa advertencia?

Al ministro le tocó salir corriendo a sacar una resolución, que fue la que abrió una línea de crédito con interés compensado en Findeter, por 1 billón de pesos, de los cuales solamente se alcanzaron a desembolsar el año pasado como 600.000 millones. Del hueco de esos 7 billones que tienen las empresas distribuidoras, por lo menos 2 billones 200.000 millones son deudas que tiene el Gobierno. Esto es parecido a lo que ha pasado con el sector de la salud y las EPS. O sea, casos espejo.

¿Y ya comenzamos los usuarios en nuestros recibos a pagar esa tal “opción tarifaria” que quedamos debiendo?

El Gobierno, a finales del año pasado, sacó una resolución, con el precario quorum que momentáneamente ha tenido en la Creg, autorizando a las empresas para que a partir de enero de este año empezaran a cobrar la opción tarifaria. Son casi 200 pesos por kilovatio que se reflejan en la factura.

O sea que no necesariamente corresponde lo que estamos pagando a lo que estamos consumiendo, sino a lo que debíamos…

A lo que debíamos, claro, porque no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

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