¿Qué hay detrás de las quejas estudiantiles en la Universidad Nacional y del Rosario?

Campus de la Universidad Nacional

La situación actual de dos de las universidades más prestigiosas del país, la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario pasa por un momento de preocupación frente a denuncias sobre presuntos casos de iliquidez, salarios desproporcionados e, incluso, cuestionamientos sobre la legitimidad de la elección de José Ismael Peña como nuevo rector de la Nacional en reemplazo de Dolly Montoya.

Desde el tres de abril y tras la asamblea triestamentaria de la Universidad Nacional sede Bogotá, se decretó un paro indefinido en señal del inconformismo por la elección del nuevo rector José Ismael Peña en vez del candidato Leopoldo Múnera.

Según el estamento universitario, la elección de Peña fue ilegítima por parte del Consejo Superior Universitario y, aunque no están pidiendo que se celebren nuevas elecciones, solicitan que el Consejo reconozca los resultados de una consulta interna realizada por estudiantes, profesores y la comunidad universitaria en la que Múnera resultó con la mayor favorabilidad.

Toma del edificio Uriel Gutiérrez

En señal de protesta, un grupo de encapuchados se tomó el edificio Uriel Gutiérrez en el que operan dependencias de la institución como la rectoría y Unisalud, el servicio de salud de la universidad. De acuerdo con un comunicado publicado por la Universidad en X, esta toma habría sido de manera violenta y ya se habrían ocasionado daños a la infraestructura del edificio en puertas, dispensadores de alimentos y los torniquetes de acceso.

“Rosca” y viáticos

El inconformismo por la elección de José Ismael Peña también se desprende de un aparente acaparamiento de los recursos de la universidad de tres facultades a través de la asignación de los puntajes salariales (conocido internamente como Servicios Académicos Remunerados, SAR) y los viáticos para viajes para enrutar la elección de Peña.

Según cifras reveladas por la revista Raya, las tres facultades que se habrían beneficiado de estos mecanismos habrían sido la facultad de Ciencias e Ingeniería de la sede Bogotá, Minas y Ciencias de la sede de Medellín y la facultad de Ingeniería de la sede Manizales. Dos de los casos denunciados se centran en el profesor Diego Alejandro Torres, representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario y Verónica Botero, decana de la facultad de Minas de la sede Medellín y representante del Consejo Académico; ambos son miembros del Consejo Superior Universitario.

Torres recibió, a través del SAR, 38 pagos fuera de su salario como docente. Uno de ellos sumó $100 millones entre mayo y octubre de 2022 para participar como asesor de un proyecto de la facultad de Minas y fue aprobado por Botero. Lo particular de esta destinación es que no hacen parte de la misma facultad y no trabajan en la misma ciudad, permitiendo inferir que habría otro motivo implícito.

Así mismo, al ser miembros del CSU, eliminaron de la segunda ronda de elección a Leopoldo Múnera, ganador de la consulta interna ya mencionada, dejando el camino libre para la elección de Peña.

Por otro lado, otra de las quejas de la comunidad educativa se centra en los desmedidos viáticos asignados a las directivas de la institución. De acuerdo con la información revelada por Raya, entre 2018 y 2024, la rectora saliente recibió $238 millones por este concepto, siendo 2023 el de mayor gasto al recibir $89 millones. De la misma forma, durante el mismo año, José Ismael Peña se benefició de viáticos por $54 millones, sumando entre ambos $143 millones en 2023.

Salarios desproporcionados

Sumado a las quejas por el acaparamiento del SAR y viáticos de parte de tres facultades, las denuncias de Raya sobre los salarios de al menos 100 docentes encendieron las alarmas por el criterio de asignación de los mismos. El caso más relevante es el de Manuel Elkin Patarroyo, que a pesar de no dictar clase en al menos 20 años y tener una carga académica dirigida a la investigación y administración, aparece en el quinto puesto de profesores con los salarios más altos con $49,3 millones mensuales.

En entrevista con La FM, José Ismael Peña explicó la razón detrás de los altos salarios de los profesores de la Universidad y expresó que es cuestión del Gobierno hacer la revisión salarial. “Los salarios millonarios dependen de un decreto presidencial, el 1279 de 2002 que asigna dinero a la base salarial de cada persona dependiendo el número de artículos científicos y patentes, es un asunto que no es de la universidad Nacional”.

De la misma forma, afirmó que se han intentado establecer topes salariales para lograr una mayor equidad en lo sueldos pero no se ha concretado.

¿Qué está pasando en la Universidad del Rosario?

Si bien la situación de este claustro educativo no se centra en temas salariales, las preocupaciones sí apuntan al manejo inmobiliario y de infraestructura de la universidades en tiempos de bajas matrículas y el despido de profesores de renombre como Arlene Tickner y Manuel Quinche.

Durante la última semana, las voces de protesta de la comunidad académica se alzaron para pedirle a las directivas de la universidad el reporte desagregado de los estados financieros de la universidad en razón de la inversión reciente de la universidad en infraestructura mientras los nuevos ingresos no pasan por su mejor momento.

Según datos revelados por El Espectador, la baja en las matrículas se viene presentando desde 2019, año en el que se matricularon 53% menos estudiantes que en 2018 (4.350 frente a 2.039). A pesar de que en 2020 las matrículas alcanzaron 3.721, en 2021 solo fueron 826 estudiantes.

Sumado a esto, el ebitda (excedentes antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos) ha venido decreciendo desde 2018 siendo este su mejor momento. Mientras que en este año se alcanzó un ebitda de $44.065 millones a valores constantes de 2017, en 2023 solo se alcanzó $6.625 millones, reflejando una caída de 85%. Lo preocupante para la comunidad educativa es que durante el mismo periodo, la Universidad adquirió el edificio El Tiempo y Amarey por cifras superiores a $50.000 millones.

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